Quizá sea un detalle sin importancia, pero sirve como símbolo. La suspensión por primera vez en 12 años de las jornadas de puertas abiertas previstas para los días 3 y 4 de diciembre en el Congreso de los Diputados ejemplifica el alejamiento de la clase política con los ciudadanos. Tal vez sea una anécdota, otra más. Como el hecho de que las obras a las que aluden para trasladar la celebración del Día de la Constitución al Senado hagan plantearse a sus señorías celebrar los plenos en la Cámara Baja los próximos meses sin público. Unas sesiones, por cierto, a las que cada vez es más difícil acceder, y en las que los invitados deben respetar estrictas normas para no ser desalojados. O esas vallas que decoran la Carrera de San Jerónimo desde hace tiempo. Parece que mostrar tu descontento no está bien visto.

Otra situación que entra en el debate político español a menudo y que también nos sirve como ejemplo es el uso de los coches oficiales.  Y no por el motivo habitual. No vamos a resolver los problemas económicos de nuestro país reduciendo la flota de vehículos. Populismo barato, que consigue aplausos de un cierto sector de la población y que transmite una falsa imagen de austeridad. El verdadero problema de esos coches blindados, de esos conductores a su disposición, de esos guardaespaldas como armarios roperos que escoltan a los políticos de turno es que crea un abismo entre ellos y los ciudadanos. Otro más.

Un diputado nacional hacía autocrítica hace unas semanas en una entrevista y aseguraba que los políticos deberían utilizar más el transporte público. Deberían, decía. El verbo es importante en este caso. Una autocrítica relativa, un brindis al sol. No parecía que fuera a poner remedio a corto plazo. Si fueran usuarios habituales de los servicios públicos, sobre los que legislan, tal vez tuvieran más sensibilidad a la hora de practicar recortes o de minimizar el impacto de sus políticas sociales.

Si pisaran más a menudo la calle, si no vivieran en su burbuja, si hablaran de vez en cuando con sus vecinos, si escucharan más y hablaran menos, si no vivieran aislados, quizá pudieran poner freno al descontento social y al desprestigio de las instituciones que reflejan las encuestas. Luego ya sabemos que llegan las campañas electorales y es habitual encontrarse con el candidato de turno repartiendo propaganda en el mercado, en la panadería o en la plaza del pueblo. Sobre todo, si hay un fotógrafo cerca. Eso no cuenta, no es creíble. Nuestros políticos están sordos y ciegos. Mudos no.

Artículo publicado en Vía52.

¿Orgullo patrio o chovinismo rancio? ¿Marca España o corporativismo barato? ¿Optimismo antropológico o un punto de vista diferente a la hora de afrontar la crisis? Supongo que es una cuestión de enfoque, pero la campaña que ha lanzado una empresa auditora que proporciona servicios de asesoramiento fiscal y financiero y que enfrenta en un vídeo noticias positivas sobre España con el paro, la deuda o la prima de riesgo ha conseguido más de medio millón de reproducciones en Youtube en un par de semanas y ha circulado por las redes sociales con un gran efecto viral.

Detrás de una gran realización y una propuesta tramposa, surgen preguntas interesantes sobre el papel de los medios de comunicación en una situación económica extrema y sobre la montaña de desgracias que parece que asola a nuestro país y que desborda la agenda mediática. ¿De qué hablábamos cuando supuestamente  todo iba bien? ¿Afrontamos los problemas con seriedad y altura de miras o nos quedamos en la superficie y nos vemos arrollados por un buenismo poco saludable?

Contaba David Trueba hace unos días que en España lo que más abunda son los prostíbulos, y remataba con mucha gracia que la vocación para trabajar en ese sector solía llegar tarde. Insistía en que cualquier otra profesión y cualquier otro negocio que pretendamos sacar adelante en territorio nacional se encuentra con grandes dificultades. Unas trabas que, en la mayor parte de las situaciones, nos invitan a abandonar. Hay que ser realistas.

No podemos engañarlos, de acuerdo, pero de ahí a caer en el derrotismo y a bajar la cabeza hay un trecho que no deberíamos recorrer. Muchos ciudadanos han renunciado a informarse. Hay estudios, incluso, que así lo demuestran. Es común escuchar, más aún si te dedicas al periodismo, a personas que confiesan que no quieren leer los periódicos, ni ver los informativos de televisión o escuchar los de la radio porque solo dan malas noticias.

O peor aún. Buenas noticias que afrontamos desde su vertiente más negativa. La malaria es una enfermedad que mata cada año a más de 655.000 personas, la mayoría de ellas niños africanos menores de cinco años. Un equipo investigador dirigido por el español Pedro Alonso está logrando avances importantes para desarrollar una vacuna que podría proteger a un porcentaje relevante de los casos estudiados. Los resultados no son definitivos y arrojan algunas dudas sobre su eficacia. Contagiados por el pesimismo reinante, algunos ya hablan de tirar la toalla. ¿Estamos locos?

Artículo publicado en Vía52.

¿Cuánto tiempo hace que un político español no dimite después de verse envuelto en un escándalo? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que un responsable de una administración pública española fue cesado tras demostrar su incompetencia supina? ¿Cuánto tiempo queda para que  abandonemos el enchufismo y recuperemos los méritos profesionales como único valor contrastable? ¿Los españoles siempre hemos sido tan irresponsables?

Nuestro país vive inmerso en una campaña electoral perpetua, que ha convertido a la clase dirigente y a su círculo de confianza en especialistas en minimizar daños, contar votos y mirar hacia otro lado. Son expertos en escurrir el bulto, en culpar al empedrado. Estamos rodeados de incompetentes sin escrúpulos cuyo único objetivo es salvar el pellejo y mantener su sillón, sea cual sea. No hay hemeroteca ni juzgado que acabe con ellos, que les ponga la cara colorada, que les pare los pies. Su teoría es que las próximas elecciones pondrán a cada uno en su sitio, un concepto de la democracia cuanto menos dudoso.

La muerte de cuatro chicas en una fiesta amparada por el Ayuntamiento de Madrid y celebrada en un recinto municipal la madrugada del 31 de octubre es la última china en el zapato de los irresponsables que nos gobiernan. Un triste suceso que, si nos atenemos a las pruebas de que dispone la policía en estos momentos, cumple con todos los parámetros de lo que se ha convertido España: ilegalidades, incumplimientos, corruptelas, mentiras y mucho, muchísimo sufrimiento.

Sin entrar en especulaciones -que se deberán resolver en los tribunales- sobre el aforo, los graves fallos de seguridad, la licencia de aperturao el lanzamiento de bengalas, lo que parece evidente, casi una semana después de la fatídica noche, es que nadie asume su responsabilidad. Nadie dimite. Nadie ha sido cesado. Ninguno de los implicados en la gestión de este suceso hace autocrítica. La alcaldesa, de vacaciones, y su equipo, echando balones fuera. “El riesgo es demasiado grande cuando se juntan en un sitio cerrado grandes masas de jóvenes, mucho ruido, aún más calor y, como mínimo, demasiado alcohol”, llegaron a justificar. Poco más, y las víctimas acaban siendo culpables de su propia muerte.

Como maestros de la demagogia y de la confusión, ahora hablan de cambiar las leyes, de adaptarlas a los nuevos tiempos, o de prohibir lo que hasta ahora promovían. Lo que no quieren es reconocer que esas normativas no se cumplen, entre otras cosas, porque su incompetencia lo impide. Lo que no quieren es asumir su culpabilidad. Hay responsables, aunque se escondan.

Artículo publicado en Vía52.

La ministra Fátima Báñez se encomendó este verano a la virgen del Rocío para “crear empleo y salir de la crisis” y parece que su ruego fue escuchado, porque la responsable de uno de los departamentos más sensibles en un país con casi seis millones de parados ya comienza a ver la luz al final del túnel. Quizá también haya resultado de ayuda la intervención del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que solicitó al Papa recientemente que “rece por España”. Lo decía Mariano Rajoy cuando estaba en la oposición: “Formaré un Gobierno como dios manda”. Dicho y hecho. No todo son promesas incumplidas.

Y es que cada uno puede creer en lo que quiera, salvo que sea ministro y sus creencias le dejen constantemente en ridículo. Los ciudadanos podemos depositar nuestras esperanzas en quien nos plazca. Incluso, podemos creer en Cristóbal Montoro y confiar en que “los presupuestos más sociales de la democracia” resuelvan todos nuestros problemas. Podemos creer que el estado destinará el año que viene 63 de cada 100 eurosa gasto social o podemos poner en duda esos datos.

Un lego en economía no entiende que unas cuentas tan positivas para España, según el ministro de Hacienda, conviertan al de Sanidad en el Ministerio más perjudicado en la partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2013, con una caída en su dotación de un 22,6% respecto al año anterior. O que la partida destinada a Educación para 2013 sea un 14,4% menor que en el ejercicio de 2012. Otros fondos, como los destinados a la prevención integral de la violencia de género,  descienden su cuantía en un 6,8%. Podemos creernos lo que queramos, pero la contabilidad creativa pasó de moda y todo el mundo puede comprobar con sus propios ojos lo que nos espera.

Podemos hacernos trampas al solitario, pero “lo social” sería reducir las cifras del paro y asegurar la asistencia universal y gratuita de todos los ciudadanos a la Sanidad y a la Educación, por ejemplo. O garantizar que las mujeres que viven un auténtico infierno en su propio hogar tengan la libertad y las garantías suficientes para poner remedio a su situación.

Según los últimos registros oficiales, son 38 las mujeres que han perdido la vida este 2012 asesinadas por sus parejas y, en el 85% de los casos, no habían denunciado su situación. Llegará el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, y todo serán homenajes y palabras bonitas. Bonitas, sí. Y vacías también. Porque tal vez tengamos que dejarnos de hablar de macroeconomía, del pago de la deuda o del dichoso déficit y poner cara a las personas que se encuentran con el abismo a sus pies.

Artículo publicado en Vía52.

Hay poco margen para la improvisación. En un momento en el que hasta un concejal de la oposición de un pueblo remoto tiene asesores de comunicación o jefe de gabinete, los mensajes que trasladan nuestros políticos no podrían ser más encorsetados, más medidos, más enlatados. Menos creíbles, en definitiva. El entrevistador más mordaz se puede dar de bruces, una y otra vez, contra las respuestas programadas, las consignas de partido y los discursos monolíticos ideados desde algún confortable despacho.

Es complicado encontrarnos con declaraciones sorprendentes o con posicionamientos novedosos. Si acaso, alguna que otra metedura de pata, que los profesionales de los coches oficiales resuelven con un comunicado aclaratorio o alegando que se malinterpretaron sus palabras. La culpa suele ser del mensajero, que no se entera de nada. En el peor de los casos, ni la hemeroteca sirve para sacarles los colores.

En el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los españoles situaban a la clase política y a los partidos que la sustentan como el tercer problema del país, y responsabilizan de manera directa e inequívoca a la llamada ‘casta’ de la pésima situación económica o de la nula capacidad de crear empleo, los dos dramas que más preocupan a los encuestados en el reciente muestreo del mes de septiembre.

Mientras tanto, los ciudadanos asisten atónicos a una sucesión de polémicas estériles y debates que son de todo menos espontáneos. Cortinas de humo que ocupan por unos días todos los titulares y acaparan el espacio informativo, que generan noticias “frescas” y listas para consumir. Informaciones vacías que distraen de lo importante y que nos mantienen entretenidos.

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, habló de la necesidad de “modular” el derecho de reunión y de manifestación para “racionalizar el uso del espacio público” y, pese a su posterior rectificación, los periodistas se ponen a contar manifestaciones y otros altos cargos, como la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, o el presidente de la Comunidad, Ignacio González, defienden que la ley es demasiado permisiva y valoran y cuantifican los supuestos daños que sufren los habitantes de la capital a causa de las protestas.

En el mismo contexto de crisis social y política,  el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, avanzó hace unos días que la próxima Ley de Seguridad Ciudadana prohibirá la captación, tratamiento o difusión en internet de imágenes de agentes en el ejercicio de sus funciones, generando la consiguiente polémica. Fue el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el que precisó a continuación que su objetivo es conseguir que la libertad de expresión “no sirva nunca de parapeto” para atentar contra el honor o poner en peligro la seguridad de los ciudadanos y de los policías. De esta forma se entiende un poco mejor pero, ¿es o no es un debate ficticio? Parece obvio. ¿La ley no permite actualmente proteger esos derechos?

Hay tantos ejemplos que abruman. La estrategia es la misma: una declaración supuestamente improvisada, el incendio de las redes sociales, los medios afines que recogen el guante y ya tenemos un enredo con el que ocupar las tertulias. La espontaneidad de nuestra democracia.

Artículo publicado en Vía52.