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En el final de la legislatura que agoniza son pocas las cosas que nos vienen a la mente si queremos destacar los méritos del actual Gobierno, con una crisis que ha sepultado bajo los escombros del Palacio de La Moncloa al presidente Zapatero y a su legión de ministros. Nos acordamos más, con toda lógica, de las rectificaciones, de las meteduras de pata o de las políticas erráticas que han sido la tónica en la gestión del Ejecutivo durante los últimos años.

La vuelta de las tropas de Irak, los buenos modos de lo que se llamó el talante o ideas interesantes, como la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, por ejemplo, parecen poco bagaje para un mandatario que ha dirigido España durante más de siete años. La situación económica, el número de desempleados y el futuro incierto al que se enfrenta nuestro país tapan los proyectos que se intuían y que por miedo o incapacidad no se han desarrollado.

De todas formas, en muy poco tiempo podemos ver desmantelados algunos de los avances más importantes de nuestra democracia. No se nos puede olvidar el camino que ha recorrido durante la última etapa la televisión pública, hasta situarse en niveles cercanos a la excelencia, al menos, en el terreno informativo.

Caras nuevas que han actuado con profesionalidad, rigor, seriedad e imparcialidad y que nos han permitido olvidarnos de la época oscura de manipulación descarada que cualquiera reconoce en el rostro –en el sentido más amplio de la expresión- de Alfredo Urdaci.

Faltan poco menos de dos meses para las elecciones generales del 20-N y los movimientos en torno a Radio Televisión Española (RTVE) son cada vez más preocupantes. Parece que se puede producir una rectificación, pero el simple interés del Consejo de Administración del Ente público de manejar y controlar los métodos de trabajo de los profesionales de la casa nos acercan más a los Telediarios del cronómetro en la mano y la censura previa que a la información libre y sin cortapisas que necesita cualquier estado para profundizar en su democracia.

Este verano he tenido muchas alegrías profesionales y magníficas conversaciones sobre Periodismo con algunos periodistas a los que admiro profundamente. Una de esas personas fue Ana Pastor, la directora y presentadora de ‘Los Desayunos’ de TVE, que ya en aquellas fechas sufría duros ataques por parte de destacados dirigentes del Partido Popular.

Después de un enfrentamiento en pantalla con María Dolores de Cospedal, Pastor me aseguraba que el hecho de que la consideren una entrevistadora “incómoda” indica que se están haciendo las cosas bien en su programa, y recordó insistentemente que cuando se sienta a hacer una entrevista no hay amigos, solo existen los protagonistas. De hecho, apuntó acertadamente que la diferencia fundamental en esta etapa de la televisión pública es que los errores son de los trabajadores y no de ningún partido político.

En este sentido, la presentadora admitió que en otras ocasiones TVE fue una tele “más oficial pero menos pública”, e  insistió en la necesidad de reconocer la labor actual de los trabajadores de la casa. Además, Ana Pastor opinaba en aquellos días que las críticas a la tele pública se basan, única y exclusivamente, en argumentos políticos.

La periodista no se quedó allí y apuntó a los futuros responsables. Si Mariano Rajoy y su equipo llegan al poder en los próximos comicios generales, tienen que defender el modelo actual para que los ciudadanos disfruten de unos telediarios “creíbles”.

Ni más, ni menos, aunque mucho me temo que empezamos a vislumbrar nuestros peores augurios.

Y aquí acaba una etapa:

Este fin de semana, cientos de miles de personas han sido secuestradas en España. Han sido retenidas en contra de su voluntad en los aeropuertos.

Pilotos, controladores, personal aéreo… deciden habitualmente cuándo, cómo, quién y por qué se vuela. No podemos luchar contra ellos. «Reivindican» sus derechos pisoteando los de los demás.

El término huelga salvaje se ajusta perfectamente a lo que ha pasado y está pasando durante las últimas horas en nuestro país. Los ciudadanos estamos en una situación de indefensión absoluta. En esta ocasión, también el Gobierno.

Solo la declaración de Estado de Alarma, por primera vez en democracia, ha conseguido normalizar la situación.

Ahora son los militares los que están al mando. Los controladores se pueden enfrentar a entre dos y seis años de cárcel si incumplen las órdenes de los mandos del Ejército. Algo insólito.

El impacto económico, en una situación como la que vivimos, va a ser incalculable. Vuelos, reservas hoteleras, reclamaciones e indignación. Y la imagen del país, por los suelos. Una vez más.

Mariano Rajoy ha colgado un vídeo desde el aeropuerto de Lanzarote pidiendo al Gobierno que solucione la situación cuanto antes. Rápido, que se le va a estropear el Puente de la Constitución…


Esteban González Pons, que ejerce de bombero y pirómano a partes iguales, siempre de guardia, arrima el hombro. Todo es culpa del Ejecutivo que dirige José Luis Rodríguez Zapatero. De los socialistas.


¿Hay que hacer política siempre? ¿Los ciudadanos somos tontos? ¿Tanta prisa tienen por llegar al poder? Las respuestas, según el Partido Popular: Sí, sí, y sí.

Una de las máximas que pregona el PP, desde la oposición, es que no se puede negociar con terroristas. Un principio que cualquiera puede suscribir.

¿Y ahora? ¿No han secuestrado los controladores a más de medio millón de pasajeros? Espero que se actúe con contundencia. Y que no se negocie, por supuesto.

Lo peor de todo es que, muy probablemente, se volverán a reír de nosotros. Son un clan aparte. No voy a hacer demagogia hablando de sus sueldos o de sus condiciones laborales. Los controladores están muy mal, no hay más que verlos.